Más de 100 días sin Facundo: ¿Dónde está?

Facundo Astudillo Castro tenía 22 años. En la mañana del 30 de abril salió de su casa en Pedro Luro para emprender un viaje a dedo hasta la localidad de Bahía Blanca, donde vive su ex novia. Había recorrido unos pocos kilómetros en la ruta 3 cuando una mujer lo llevó en su auto hasta el acceso de Mayor Buratovich. Allí, cerca de las 10 de la mañana fue demorado por dos policías, los agentes Gabriel Sosa y Jana Jennifer Curruhinca. Los efectivos lo identificaron y llamaron a su madre para constatar el domicilio del joven. Cristina Castro estaba trabajando y no sabía que su hijo había emprendido un viaje en plena cuarentena. Cuando se enteró cerca del mediodía, llamó a Facundo y discutieron por la decisión del joven de violar el aislamiento. Ambos estaban enojados y cortaron el teléfono. Esa fue la última vez que Cristina habló con su hijo.

“La desaparición de Facundo se inscribe en el marco de una brutalidad policial que se vive en territorios de gran parte de las provincias de nuestro país con gran crudeza, y que se ha incrementado a partir de haberse decretado el ASPO. Se registraron gravísimos hechos de violencia policial y otras fuerzas, que se exacerbaron con las medidas de control y “cuidado”, con el objetivo de  asegurar “el cumplimiento” de las medidas de aislamiento y evitar la propagación del virus”, señala María José Cano, directora del Departamento de Derechos de los Pueblos del Consejo Directivo Nacional de ATE.

Lamentablemente, la desaparición forzada de Facundo Castro no es la primera ni la única. Es una práctica recurrente de las fuerzas,  un  modus operandi  en el que conviven diferentes actores que buscan ocultar un entramado oscuro.

“Se suma el hecho de Florencia Morales de San Luis, Luis Espinoza de Tucumán, Lucas Verón de La Matanza, Buenos Aires y puedo seguir nombrando, todas víctimas de prácticas arbitrarias y abusivas con un altísimo nivel de violencia estatal, por haber detrás de los hechos hostigamiento, detenciones no registradas, allanamientos violentos e irregulares, malos tratos, torturas, muertes de detenidxs en comisarías, asesinatos, desapariciones. Hechos que claramente configuran violaciones a los derechos humanos”, indica Cano.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) durante el mes de junio se produjeron 18 muertxs por uso de la fuerza - una persona cada 40 horas -, siendo la mayoría varones, jóvenes y pobres.

“Parece ser tendencia y hasta histórica, lo expresa el dato de la CPM, donde también a partir de los hechos que se dieron en el resto del país, se refuerza además el sesgo clasista y racista. Quienes más sufren esa estigmatización son lxs adolescentes y jóvenes, más los varones adolescentes y jóvenes. Hace años que venimos denunciando que no son prioridad para las agendas de gobierno y que es el rango etario al que el Estado les debe la mayor protección. El profundo efecto estigmatizador que se ha construido sobre ellos es tan fuerte, que los ha llegado a instituir como amenaza para una gran parte de la sociedad, siendo el blanco al que las embestidas punitivas y represivas  -mediáticas, sociales, legislativas y/o ejecutivas- quieren encerrar, combatir y hasta exterminar”, esgrime la dirigente.

Durante el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO) las fuerzas de seguridad adquirieron mayor poder ya que fueron – y son- las encargadas del control de la circulación de las personas y por ende del COVID-19.

“Expresamos nuestra preocupación y enviamos notas formales tanto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, como a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo y al Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, denunciando y visibilizando los graves hechos de violencia institucional que se dieron en nuestro país, y entendiendo la necesidad de una urgente reforma estructural de las policías. Vemos con gran preocupación que se le haya asignado una responsabilidad de control y cuidado para evitar la propagación del virus a fuerzas o policías con una organización y prácticas institucionales de las más nefastas y violatorias de derechos humanos. Fue preocupante desde el comienzo de decretado el aislamiento ya que se le dio mayor legitimidad para actuar”, sentenció Cano.

Un hallazgo y más indicios que apuntan al rol de la bonaerense

El sábado 15 fue hallado un cadáver esqueletizado en Villarino Viejo, a pocos kilómetros de Bahía Blanca, en una zona inhóspita a la que sólo se accede en camionetas de gran porte. Estaba junto a una zapatilla "intacta" que la mamá de Facundo identificó como de su hijo.

Para ella, hay muchas posibilidades de que sea él. La querella cree que el cuerpo fue plantado. Cristina volvió a apuntar a la responsabilidad de la Policía Bonaerense y del ministro Sergio Berni.

Los resultados finales de la autopsia en la que interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense demandarán entre 30 y 60 días.

Prensa ATE