Docentes en lucha denuncian persecución y criminalización de la protesta

Gremios docentes provinciales, ATE- Misiones entre ellos, presentaron un petitorio dirigido al gobernador de la provincia Dr. Herrera Ahuad para denunciar el hostigamiento al que fueron sometidos docentes de San Vicente por participar de las luchas por mejoras salariales. 

El texto presentado por los gremios UTEM-CTA.A, ATE, UDNAM, MPL, Referente de AUTOCONVOCADOS, Corriente Nacional Conti Santoro, Tribuna Docente y jubilados de Marea Blanca denunciaron la persecución y criminalización de la protesta social contra los/as compañeros/as docentes de San Vicente (Sergio y Carlos Vallejos y Marcela y Nora Gómez) por justos reclamos salariales y laborales.

En la primera parte del documento se explica que “la interpelación frente al hogar del docente Rubén Vallejos con la excusa de `corroborar´ sus datos personales, móvil, domicilio y hasta las personas que frecuenta. Haber mostrado un papel del cual apenas pudo tomar imagen, constituyen claramente mecanismos de intimidación”.

Luego agregan que “la forma en la cual la policía o la gendarmería se filtra y hace fotografías de las reuniones y manifestaciones, para recabar información personal de las/os docentes presentes constituyen formas perversas y que retrotraen a las etapas más oscuras de la argentina de ayer”.

 Como si todo esto no fuese lo suficientemente grave, el personal de gendarmería que se presentó en la vivienda de Vallejos no contaba con el equipo de protección personal (no tenía barbijo) y no respetó el distanciamiento físico correspondiente, exponiendo la salud del compañero y su familia.

En este marco los gremios plantean su posición señalando que “el derecho a la protesta  garantiza la defensa y el acceso a los demás derechos. La regla general en materia de derecho a la libre expresión, comprensiva de la protesta social, es que “en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”.

Además, subrayan que “la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

Sostiene el documento que “si analizamos las expresiones de protesta en la vía pública, la mayoría de los casos constituyen manifestaciones de determinadas prácticas de gobierno, o bien expresiones de sectores marginados que encuentran de este modo una vía para hacer escuchar sus demandas”.

En los últimos años como consecuencia de la crisis del modelo de Estado social que impone un creciente autoritarismo económico planetario, se producen protestas o reclamos públicos de derechos, que asumen diferentes formas generadoras de situaciones conflictivas de dispar intensidad. Es por eso, acotan que “a partir de manifestaciones, reuniones públicas, cortes de rutas  que obstaculizan el tránsito vehicular se han hecho uso de los tipos penales establecidos en nuestro Código Penal para perseguir a los manifestantes, aunque generalmente solo a aquellos a los cuales el Estado identifica como sus líderes, iniciando los procesos de criminalización de sus protestas, sirviendo así el proceso penal como una amenaza constante contra los referentes sociales, sindicales y/o militantes de todo tipo, cuyo objetivo claro es acallar sus reclamos”.

Asimismo entienden que “en el caso particular de la protesta docente en el cual se imputa del delito previsto en el artículo de interrupción del corredor vial y entorpecimiento del transporte público art. 194 del Código Penal, vale decir que es la más común de las figuras penales con las que se persigue la protesta social en nuestro país, y sobre este punto son amplias las defensas que se han ido ensayando desde los defensores de los criminalizados”.

ATE Misiones