Rechazo de ATE al proyecto de Ley Provincial de Educación

La ATE Mendoza manifestó su postura contraria a una futura norma de Educación que busca aprobar el Gobierno, sin el consenso necesario de los trabajadores del sector y los sindicatos que los representan. “Las bases arden porque la patronal no quiere abrir paritarias, pero si se atreve a presentar modificaciones estructurales que atentan contra el sistema educativo público que posee la provincia de Mendoza”, denunció el gremio.

Para ATE se trata de un sistema que se sostiene por el constante y desgastante esfuerzo de docentes de todas las áreas y niveles, que con el mismo salario del año pasado le hacen frente a la crisis sanitaria, económica y social que genera la pandemia del COVID 19 y la falta de políticas sustentables.

“No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra los derechos de los trabajadores de la Educación. Sin ir más lejos, podemos recordar el nefasto Ítem Aula que impulsó el ex gobernador Alfredo Cornejo, a través de distintos decretos que también otorgaron aumentos salariales en baja”, dijeron desde el gremio, antes de agregar que durante estos últimos años, “la resolución N° 530 de Educación Superior implicó severos cambios en ese mismo nivel que perjudicaron a numerosas instituciones educativas. Esta medida también fue ampliamente rechazada por la sociedad y la clase trabajadora”. No obstante, esa resolución fue implementada contra la voluntad popular, cuando la Dirección de Educación Superior intervino los institutos que se negaron a aplicarla.

Por estas razones, no sorprende pero sí indigna que esta nueva ley inconsulta aparezca en estos momentos de pandemia, sin aportes de los docentes, que una vez más padecen el accionar arbitrario y unilateral característico del Gobierno en estos últimos años. Se trata de una ley que presenta muchos puntos negros y grises, que ya generan mucho revuelo en la comunidad educativa.

Uno de esos puntos es la municipalización de los jardines maternales. El mencionado proyecto de Ley plantea que sean las municipalidades las que se encarguen de administrar los jardines maternales, tanto financiera como pedagógicamente. Esta posibilidad que se les otorga a los municipios abre una gran brecha, ya que aquella comuna que tenga mayores ingresos podrá tener más cantidad de jardines maternales y en mejores condiciones, en detrimento de aquellos municipios que tengan recaudaciones inferiores. Es decir que según el departamento que una familia opte para vivir, contará con la posibilidad de mandar a sus hijos a un jardín de privilegio u a otros que indefectiblemente, no lo serán.

Al margen de esto, el proyecto de Ley señala que se busca la universalización de las salas de 3 años. Estas salas están cubiertas por los jardines maternales, que contienen niños que van desde los 45 días hasta los 3 años.

Para cumplir con esa universalización se necesita inversión, porque para que todos los chicos de 3 años puedan comenzar su trayectoria escolar, las escuelas deben estar preparadas. Sobre todo, después de lo que pasó cuando se trató de universalizar las salas de 4 años: ante la falta de infraestructura adecuada, los gobiernos intentaron poner parches mediante la creación y ampliación de módulos para cubrir esa necesidad.

“Si la idea es universalizar la edad de las salas, creemos que primero debe destinarse la inversión en preparar y construir más infraestructura que ayude a solventar la gran demanda y falencias que existen. Posibilidades que obviamente plasmarán aquellos municipios que cuenten con recaudaciones superiores. Los que no, no podrán cumplir con esa universalización y pasarán a formar parte de las inmensas desigualdades que fomenta esta casta de gobernantes neoliberales”, subrayó el CDP.

Sin dudas, son desigualdades que se concretarán con el pase a la esfera municipal de los jardines maternales, con una clara muestra más de vulneración de derechos de los trabajadores de la Educación.

En la actualidad existen jardines que tienen subsidios del Estado y pertenecen a ciertos municipios, los cuales realizan contratos laborales ilegales a directivos y docentes, según el parecer de cada jefe comunal. Esto imposibilita que los trabajadores puedan pasar a planta permanente del Estado, porque quedan sujetos a la voluntad política de los patrones de estancia que administran las municipalidades. Los más visible son los “avasallamientos patronales que atentan contra la estabilidad laboral, como los que también plantea este proyecto de Ley cuando se refiere a la revalidación de cargos directivos superiores cada siete años, cuyos trabajadores accedieron mediante concursos abiertos”.

Otro punto de inflexión que contiene este polémico proyecto radica en la denominación de los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) como educación no formal. Este planteo deja de lado la existencia de los CCT. Durante estos últimos años, la comunidad educativa asistió a estos cambios paulatinos que aplicaron los gobiernos con importantes reducciones y cierres de lugares, que imposibilitaron el acceso a jóvenes y adultos en la búsqueda de una formación netamente técnica y práctica, que les permitiera conseguir un oficio laboral.

Este cambio puntual de denominación lleva consigo la desfinanciación de los CCT, que también dejaría fuera del sistema a docentes titulares, suplentes y demás personal que hoy trabaja en esos centros educativos.

A grandes rasgos, estos son los aspectos que el equipo de Educación de ATE Mendoza manifiesta contra el proyecto de Ley Provincial de Educación que impulsa el director general de escuelas, José Thomas:

- Porque se plantea en contexto de pandemia, lo que dificulta un tratamiento colectivo y reflexivo del mismo.

- Porque no ofrece respuestas a las necesidades educativas reales de la provincia.

- Porque se presenta bajo un panorama de precarización laboral, sin ingreso a la docencia; sin concursos de concentración y traslado; sin paritarias; y con una OSEP colapsada.

- Porque le arroga al director general de escuelas el poder de modificar en forma inconsulta el Estatuto Docente.

- Porque minimiza el deber del Estado de garantizar el presupuesto educativo, sueldos en blanco y remunerativos, consensuados en paritarias, que garanticen el mínimo vital y móvil.

- Porque reduce el deber del Estado en cuanto a garantizar infraestructura, higiene y seguridad.

- Porque abre el camino al autofinanciamiento educativo.

- Porque desconoce al estudiante como sujeto activo, con responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje.

- Porque asocia de manera exclusiva el aprendizaje de los alumnos al desempeño docente, estableciendo criterios de eficacia para la evaluación de estos últimos.

- Porque establece criterios de compromiso y logro en la carrera profesional docente, en lugar de criterios académicos y apartidarios.

- Porque abre el camino a la censura en el uso de redes sociales y medios virtuales de los docentes, alienta la denuncia entre pares, desconociendo su derecho a la libre expresión y privacidad.

- Porque no reconoce fines educativos relativos a la educación artística, las ciencias sociales, la salud física y psicológica.

- Porque amplía el derecho a la educación y a las herramientas disponibles, pero no prevé la creación de cargos ni el pago de horas cátedra para gestionar dichas herramientas.

- Porque desconoce el derecho de autor de los docentes sobre sus propios materiales educativos.

- Porque impulsa una educación digital, con mejora del equipamiento y conectividad, pero no la garantiza, lo que da lugar al financiamiento particular por parte de los miembros de la comunidad educativa (licencias, acceso a internet y dispositivos), aumentando la brecha educativa por factores socioeconómicos.

- Porque invisibiliza a actores indispensables de la comunidad educativa, como preceptores y miembros del servicio de orientación.

- Porque invisibiliza a las Juntas Calificadoras.

- Porque restringe el derecho de los estudiantes a participar de proyectos educativos.

- Porque contiene enunciados ambiguos que favorecen la aparición de vacíos legales.

- Porque la redacción es ambigua en cuanto al alcance de la normativa vigente.

- Porque propone la evaluación externa, la cual persigue fines y tiene en cuenta variables ajenos a la educación local, lo que distorsiona los datos relevados.

ATE Mendoza