Es necesario que se cambien las lógicas y las prioridades

*Compartimos la editorial de Hugo "Cachorro" Godoy, publicada en  El Trabajador del Estado de noviembre (click para descargar). 

No ha pasado un mes desde que convocamos desde nuestro gremio a una Jornada Nacional de Lucha para rechazar el mísero 7% de aumento que el Gobierno Nacional otorgó a los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. Escribimos estas páginas además a pocas horas de la represión de la Policía Bonaerense contra las tres mil familias que ocupaban terrenos anegados y abandonados durante años, sin propietarios claros en los barrios de Guernica, allá por el sur del Gran Buenos Aires.

Se trata de dos hechos que nos obligan a reflexionar individual y colectivamente, tanto a quienes están dentro del Gobierno, como a quienes conducimos las organizaciones libres del pueblo.

Para tomar la determinación de convocar a la Jornada Nacional de Lucha, que llevamos adelante en unidad con otras dos organizaciones de estatales como FESPROSA y CONADUH, con las que integramos la CTA Autónoma, desarrollamos un gran debate que culminó con la ratificación, en un Plenario de más de 500 delegados y delegadas del Estado Nacional, de la iniciativa propuesta por el Consejo Directivo Nacional de nuestro gremio.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que desde hace meses realizamos las y los argentinos con mucho esfuerzo pero con un importante acompañamiento solidario y de responsabilidad a las decisiones del Gobierno, con el correr de los meses y agudizada la crisis comenzó a resentirse en gran parte de nuestra población. Todo esto es aprovechado por los sectores más reaccionarios, que en su ofensiva desestabilizadora intentan restablecer los privilegios de quienes se beneficiaron con las políticas del Gobierno neoliberal de Macri.

Por eso no fue una decisión fácil, pero con claridad rechazamos el 7% y reivindicamos la condición de esencialidad de los y las trabajadoras estatales y del propio Estado Nacional como factores fundamentales en la salida de esta crisis, sobre la base de la soberanía, el trabajo, la producción y la justicia.

Tenemos derecho a tener un salario digno y a concretar un definitivo cronograma de pase a planta permanente para los miles de trabajadores y trabajadoras que hace años realizan sus tareas en condiciones precarias. Pero también reclamamos al Gobierno Nacional que acelere los pasos para que en el Congreso de la Nación se apruebe el impuesto a las grandes fortunas.

Porque la salida de esta crisis no es reduciendo salarios, no es reduciendo beneficios sociales, no es negando el derecho a un salario universal y a una plena universalización de la Asignación por Hijo para las y los estatales de las provincias y municipios que no lo perciben. Tampoco es elevando los intereses de los créditos para las PyMEs como se fortalecerá la capacidad de reactivación económica. Esos son instrumentos de las políticas neoliberales, que en la Argentina ya fracasaron.

Para poder discutir la perspectiva del Estado por fuera de los cánones y de las pautas neoliberales que impuso y quiere imponer el Fondo Monetario Internacional es necesario que se cambien las lógicas y las prioridades para poder concretar un  resultado diferente. Por eso es que la medida de fuerza que convocamos desde ATE el 6 de octubre fue un profundo llamado de atención al Gobierno que no sólo tuvo que ver con los intereses sectoriales.

El pueblo en su conjunto necesita que el Estado recupere la condición de motor regulador de la vida económica y social, y que la principal preocupación del Gobierno no sea cómo ingresar dólares favoreciendo el interés de las grandes empresas exportadoras agropecuarias reduciéndoles el pago de sus impuestos y sus retenciones, sino que sea impedir que las divisas se sigan fugando a través de un sistema financiero que aún perdura de los días nefastos de Martínez de Hoz y Videla.

Las y los estatales hacemos estos llamamientos porque somos conscientes de la magnitud de la crisis, así como del gran esfuerzo que hicimos para derrotar las políticas neoliberales y abrir un tiempo de esperanzas. Y porque el Estado y sus trabajadores y trabajadoras demostramos una vez más nuestra capacidad de respuesta para atender las necesidades que nos impuso la pandemia.

Ni las empresas mineras, ni las petroleras, ni las exportadoras de granos van a generar la reactivación económica, porque no son generadoras de grandes cantidades de empleo. Necesariamente la reactivación económica debe estar en manos de iniciativas productivas del Estado, asociadas a experiencias cooperativas de la economía social y popular, con alto nivel de mano de obra intensiva y con la garantía del derecho de percibir salarios universales que se efectivicen para trabajos que ya se realizan, como los de cuidado de niños y niñas, de adultos mayores, discapacitados o enfrentando el flagelo del hambre. Son trabajos que hoy no están visibilizados, y mucho menos reconocidos salarialmente.

Es el Estado, asimismo, el que debe garantizar como respuesta una continuidad a las medidas correctas del IFE o del ATP. Esos programas deben ser superados y mejorados en una nueva etapa de reactivación económica, de generación de empleo, y de garantía de pisos mínimos de dignidad y de ingresos para nuestro pueblo.

Estos debates, que en su momento tratamos de alentar con un conjunto de más de cien organizaciones que firmamos el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Vida Digna, hoy volvieron a estar presentes en la Jornada Nacional de Lucha y en el repudio generalizado que gran parte de esas organizaciones realizamos a la absurda e irresponsable represión de las familias en Guernica, y a la absoluta irresponsabilidad de seguir sosteniendo un sistema judicial que funciona en beneficio de los ricos, como lo demostró el conflicto de herencias de la familia Etchevehere.

En el día de ayer la palabra desalojo volvió a ser una palabra principal en el lenguaje de todos los medios. Se habla de desalojar a los que atentan contra la sacrosanta propiedad privada olvidando que, como reafirma el Papa Francisco, antes que la propiedad privada está el derecho social para que el beneficio de los bienes en esta tierra garantice equidad y justicia para todas y todos.

En esa perspectiva es que seguimos sosteniendo que hay una enorme tarea, no solamente de ponerle freno a las prácticas desestabilizadoras, sino también de promover un profundo debate en los sectores populares para que la respuesta a los problemas de la Argentina no se busquen en las mismas lógicas de siempre, en las que los que más tienen siempre son los privilegiados y los que menos tienen deben resignarse a sobrevivir.

Estamos convencidos de que se puede, como lo demostró el pueblo de Bolivia, a quienes con orgullo acompañamos, apoyamos y respaldamos; y como lo demostró el triunfo del pueblo chileno, que abrumadoramente apoyó la iniciativa de una profunda reforma constitucional que termine con los pilares de la dictadura pinochetista. Confiamos en esa fuerza de los pueblos, en esos valores y en esos intereses que perduran más allá de las dictaduras o de los gobiernos democráticos que preservan los intereses del privilegio en vez de los intereses del pueblo. Desde esta confianza, desde esta certeza, es que seguiremos día a día fortaleciendo nuestra organización y contribuyendo a la unidad del movimiento popular a lo largo y a lo ancho de todo el país.