La trampa de enfrentar a los pobres con los trabajadores

por Matías Cremonte (titular del Departamento Jurídico de ATE)

Se instaló un falso debate alrededor del proyecto de ley para que los salarios inferiores a $150.000 dejen de pagar el impuesto a las Ganancias. Se intenta contraponer un supuesto privilegio de esos asalariados con los intolerables niveles de pobreza.

Sin embargo, las personas que perciben como consecuencia de su trabajo salarios dignos no son responsables de la pobreza. Por el contrario, son parte de la solución.

Analicemos primero el proyecto de ley: la suba del mínimo no imponible supone una reducción de $47.000 millones en la recaudación impositiva. Pero el mismo proyecto retorna al 35% el impuesto a las Ganancias de las sociedades -que el macrismo había reducido a 25%- lo que implicará una recaudación adicional de $41.000 millones. La primera falacia entonces radica en afirmar que el Estado deja de recaudar $47.000 millones que pudieran destinarse a planes sociales. En todo caso, la reducción será de $6.000 millones, es decir, no podrá atribuirse al beneficio de esos trabajadores y trabajadoras que el Estado destine o no lo recaudado en medidas que contribuyan a paliar la pobreza.

Pero esa lectura lineal de la incidencia de esta medida en los niveles de recaudación omite un dato mucho más importante, y es que lo que los asalariados dejen de pagar del impuesto a las Ganancias más que seguramente se destinará al consumo interno. Y eso, además del virtuosismo que en sí mismo supone el crecimiento de la demanda, implica subas en la recaudación a través del IVA. Así, es probable que sólo desde el punto de vista tributario, la modificación de la ley del impuesto a las Ganancias implicará un aumento de la recaudación fiscal.

La pobreza revelada por el INDEC días pasados es insoportable, y desde luego el Estado es responsable de resolverla. Una emergencia de esa magnitud requiere de medidas urgentes, probablemente a través de más asistencia social. Pero la solución de fondo radica en la creación de empleo con salarios dignos, poniendo en la cima de la agenda pública el objetivo del pleno empleo.

Las mayores crisis económicas del capitalismo -y la provocada por la pandemia del Covid-19 sin dudas debe inscribirse entre ellas- requirieron de soluciones drásticas. La más importante de ellas, la de los años 30, se enfrentó con intervención estatal para generar empleo y promover salarios dignos, que reactivaron la demanda y, con ella, la producción.

Son necesarias políticas que apunten a la reducción de los niveles de desigualdad imperantes, niveles que suponen que el 20% más rico del país tenga un ingreso 13 veces mayor que el 20% más pobre.

Medidas como la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aunque parciales pues el salario como tal no debería pagar ese impuesto, se inscriben en esa senda. Compensar lo recaudado por el retorno al 35% del impuesto a las Ganancias de las sociedades con el aumento del mínimo no imponible a las remuneraciones, supone una transferencia de ganancias que seguramente no se convirtieron en inversión hacia los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que como dijimos, redunda en un crecimiento del consumo.

Una reforma tributaria estructural que deje atrás el actual sistema regresivo y grave la riqueza para terminar con la pobreza debería ser el siguiente paso.