Los condenados de Las Heras: Los condenados por un Poder Judicial que nunca buscó justicia ni verdad, sino que sólo buscó la condena ejemplificadora en una región donde animarse contra los intereses petroleros o ganaderos se paga caro. Y los trabajadores de la argentina y de la región patagónica bien sabemos de este Poder Judicial, de las policías bravas y de los políticos al servicio de los poderosos.

Quiero dedicar esta editorial al golpe más duro que nos dieron a la clase trabajadora y al pueblo argentino al finalizar el año 2013 y comienzos del 2014. Y lo califico así expresamente y conciente del brutal proceso de saqueo que durante el mismo período hicieron sobre nuestros salarios vía inflación y devaluación.

Pero es una tragedia tener a estos obreros condenados, a prisión perpetua algunos y a varios años de reclusión a otros, por el único ‘delito’ de reclamar. Esta afrenta es para el conjunto de nuestra clase. Aquí, compañeros y compañeras, no hay lugar para que nadie se haga el distraído. Si esto pasa, si no logramos unificar la lucha por la anulación de este macabro juicio, estaremos todas las organizaciones de trabajadores y del pueblo profundamente lastimadas.

Le pido a cada uno de los que lea esta nota, que se tome la tarea de informarse más a fondo sobre este proceso judicial realizado en la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, durante el año 2013. Encontrarán cosas que no podemos dejar pasar: Fiscales que legalizan la tortura para lograr una declaración, jueces que condenan sin ninguna prueba, con solo dichos arrancados en sedes policiales a ciudadanos que denuncian haber sido torturados.

Además de enterarnos de lo que allí ocurrió debemos comprometernos a difundir, a organizar espacios colectivos con otros trabajadores, con otras organizaciones para generar la suficiente acción política que haga volver atrás esto en el menor tiempo posible.

En cada actividad que hagamos debe estar presente nuestro reclamo por la anulación de este juicio. Debemos ser capaces de organizar un gran movimiento para lograr la despenalización de las actividades sindicales.

En nuestra ATE tenemos a más de 600 dirigentes procesados en los últimos veinte años. La mayoría de las causas son por la figura penal de coacción agravada, la misma por la que hoy a estos compañeros les dan una condena de 5 años de prisión efectiva. Más de 7 mil trabajadores están procesados en la Argentina y, aunque pertenezcamos a distintos sindicatos y a distintas centrales obreras, hay que lograr que éste sea un punto de unidad para luchar contra la criminalización de la protesta.

La legalidad es una lucha permanente de la clase trabajadora y sus organizaciones aquí y en todo el mundo. Los trabajadores argentinos, tras más de un siglo de historia de organización, sabemos que cada espacio de legalidad no ha sido conseguido por la concesión graciosa de ningún gobierno ni de ningún patrón, sino que ha sido conquistado con esfuerzo y sacrificio. Hoy, compañeros y compañeras, esos espacios están en riesgo. Unámonos para luchar juntos por la libertad para organizarnos y reclamar por nuestros derechos.

Por Julio Fuentes, Secretario General Consejo Directivo Nacional de ATE