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    12 de agosto de 2014

    El Secretario Gremial de ATE ejerció una fuerte crítica sobre las pretensiones que tienen los gobernadores de apropiarse de las riquezas que pertenecen, como un bien común, a todos los argentinos y que tan bien se establecieron en la constitución de 1949

    Opinión: Por Alejandro Garzón

    Debemos volver a ser dueños de los recursos como Estado nacional  y proteger nuestras riquezas para el bien de todos los argentinos y no, como ahora, que las empresas privadas hipotecan nuestro futuro, se llevan nuestras riquezas y las provincias pugnan por transformarse en estados-empresarios, desiguales entre sí, ya que las hay ricas y menos ricas o más pobres. Por lo tanto, si el Estado nacional no se hace fuerte en este aspecto, se funda la desigualdad a lo largo y ancho del país.

    Por otro lado, hay que respetar y volver a restituir los valores esenciales mencionados en el artículo 40 de la Constitución de 1949, que expresaba en una parte de su texto: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

    En este sentido, es fundamental que busquemos restablecer este sentido de la propiedad en el pueblo y sus gobernantes. Hoy tenemos un modelo neocapitalista asentado desde hace años en el poder, que ejerce la política del despojo a través de las privatizaciones o delega en las provincias la propiedad de bienes comunes a todos los argentinos. De esta manera, una provincia petrolera, con aquella que no tiene ni petróleo, ni ganadería, posee desventajas comparativas de todo orden: social, económicas o asistencial. En tanto, esos recursos sean del Estado nacional, la proyección y distribución será más equitativa y más lógica y alcanzará a cualquier habitante del país en cualquier lugar que se encuentre. Claro, no somos inocentes y sabemos que esto es casi utópico, pero depende de nosotros exigir, controlar y custodiar que esos recursos y lo que producen esos recursos, sean bien distribuidos y administrados por quienes están temporalmente en un gobierno, independientemente de la ideología y el partido, porque aquí tenemos que hacer prevalecer el bien común, por sobre las mezquindades a las que nos han acostumbrado.

     

    Derechos de los trabajadores

    Con respecto a los derechos laborales y a la situación actual de los trabajadores que han ido perdiendo potestades ganadas en las conquistas sociales que llevó adelante Juan Perón y que tan bien quedaron expresadas en la Constitución de 1949, debemos reencontramos con los valores que hemos perdido como sociedad. No vamos a poder restablecer aquellos valores que el General Perón puso en la letra firme de la Constitución de 1949, que fundamentalmente y entre muchas conquistas logradas, en lo que podríamos llamar un nuevo orden, le daba a los trabajadores herramientas fundamentales para pelear en el futuro por sus derechos y por tener un lugar de reconocimiento en la sociedad a la que todos ayudamos a construir desde nuestros puestos de trabajo.

    Hago referencia a lo que el 24 de febrero de 1947 Perón dijo en un acto público donde proclamó los Derechos de los Trabajadores, los cuales, posteriormente, en 1949, fueron incorporados a la Constitución nacional. Perón sostuvo, entonces, que las instituciones democráticas y republicanas son las únicas que pueden garantizar la libertad y la felicidad de los pueblos y cuando lo dijo es porque tenía una mentalidad y una visión adelantada a los tiempos que vendrían. En ese marco, Perón compuso una democracia que tendría que haber sido eterna, de no ser por las salvajes y desmedidas ambiciones de un sector irracional de las Fuerzas Armadas con complicidad de algunos civiles, que cambiaron aquel esquema de constitucionalismo social que fundó nuestro líder, el cual incorporó derechos de segunda generación, reconoció la igualdad entre el hombre y la mujer, puso como prioridad de gobierno la función social, estableció el derecho de los niños, la ancianidad y elevó el derecho laboral de los trabajadores.

    Alguien por ahí dijo que la existencia de los Derechos del Trabajador son la quinta esencia del peronismo. El derecho  a huelga es una conquista incomparable del Peronismo, pero lamentablemente durante mucho tiempo ese derecho fundamental de los trabajadores fue aplastado por las botas luego que llegara el golpe de Estado de 1955, denominado Revolución Libertadora, donde Aramburu reestableció la Constitución de 1853 y las sucesivas reformas hasta 1898. En ese periodo fuimos anulados en nuestros derechos pero no en nuestras convicciones y el pueblo trabajador que siempre tuvo presente a Perón, supo aplicar aquellas palabras que el General dijo en su discurso ante los constituyente del 49: “Hoy” -refirió Perón -  “no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado de minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la libertad. El progreso social y económico y las regresiones políticas que el mundo ha registrado en los últimos cien años, han creado necesidades ineludibles; no atenderlas proveyendo a lo que corresponda, equivale a derogar los términos en que fue concebida por sus autores”. Estas palabras son el fundamento de aquella reforma constitucional: más trabajo, más derechos, un Estado más fuerte, mejor distribución.

    Por otra parte, el pacto de Olivos de 1994 que sellaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín fue una sustitución de reglas que favorecían en ese momento el afianzamiento del poder de Menem y, a pesar que algunos creen aún en que era necesario sostener aquellos acuerdos, creo que fue un retraso en lo institucional para el país y una pérdida de libertades y derechos para los trabajadores. Fue una medida de neto corte neoliberal que abonó el camino para lo que terminó en la absurda y trucha Reforma Laboral del 2000, que impuso la precarización laboral y la flexibilización, medidas exigidas por el FMI que para ganar confianza en los mercados internacionales obligó a desregular los Mercados y privatizar las empresas públicas.

    Como dirigente de un sector sindical como la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina, no tengo más que reivindicar los preceptos peronistas de Perón y rescatar aquellas ideas, aquellas enseñanzas visionarias de nuestro líder y traerlas en el tiempo para volver a aplicarlas en beneficio de todos los compañeros. Sin duda, aquel pensamiento superador del peronismo no se perdió y, a pesar de los personajes que a lo largo de la historia han tratado de destruir nuestro dogma, vamos a luchar por reponerlo, restaurarlo y llevarlo adelante como estandarte de esta nueva generación política del peronismo que ha comenzado a crecer en el país y de la cual formo parte.


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