Discapacidad: NO a la quita de pensiones

El Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma, Carlos Ferreres, detalló: “La política de ajuste aplicada por el Gobierno de Macri provocó graves perjuicios y zozobras sobre una amplia capa de la población, incluida, principalmente, las personas con discapacidad. Al poco tiempo de asumir, el Gobierno empezó con la quita de Pensiones llegando al 2017 con la brutal baja de 70.000 de un plumazo. La Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que se le pidió un recorte en su área y no devolvió las pensiones que la Justicia la intimó a efectivizar ante cientos de amparos”. Y la avanzada de recortes continúa con un nuevo decreto que intenta dar de baja pensiones por invalidez.

“Dicha disposición se fundamenta en un DNU del menemismo de 1997, que exige para su otorgamiento condiciones de pobreza de toda pobreza lo cual responde a una concepción regresiva, absolutamente repugnante a la Convención y al derecho a una vida autónoma y a la inclusión en sociedad en igualdad de oportunidades de las Personas con Discapacidad que ésta consagra, en tanto sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, explicó Ferreres.

Asimismo, el dirigente señaló otras medidas atentatorias contras las personas con discapacidad: “Mediante un DNU anticonstitucional que colisiona con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno disuelve la Comisión Nacional de Discapacidad, la Comisión Nacional de Pensiones cuyas funciones y personal son absorbidas por la Agencia Nacional de Discapacidad que crea el mismo DNU. Ninguna ONG de Personas con Discapacidad, de padres y familiares fue consultada. Tampoco profesionales, especialistas, trabajadores, tal como lo establece la Convención que tiene rango constitucional en nuestro país. Lo concreto es que se quitaron miles de pensiones, que no hay políticas para acceder a un trabajo digno, que las Obras Sociales retacean y niegan tratamientos, medicamentos y otras coberturas, que no está garantizada la rehabilitación y la reinserción laboral, que la educación inclusiva en todos sus niveles está solo en los papeles y que muchos otros derechos que no se cumplen impiden la participación social y la dignidad de las Personas con Discapacidad”.

Por todo esto ATE y la CTA-A, con el objetivo de lograr la anulación de dicho DNU, trabajaron con el Diputado Daniel Arroyo para presentar un proyecto de Ley solicitando su derogación.

La iniciativa surgió como uno de los resultados de la jornada de trabajo y debate realizada el pasado 4 de mayo en la Cámara de Diputados, que contó con la participación de representantes del Departamento de Discapacidad de ATE; de las áreas de discapacidad de distintas centrales de trabajadores; de profesionales y especialistas en la materia, así como de entidades intermedias vinculadas a las problemáticas de las personas en situación de discapacidad. La mencionada jornada tuvo, entre otros objetivos, analizar la implementación en Argentina de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Ley 26.378 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 27.044 otorga jerarquía constitucional a la misma, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

El Preámbulo de la Convención señala que se garantizan derechos desde una visión “amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico (...) en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación”. Afirma, a su vez, que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Prensa ATE