21 de septiembre de 2020
ATE participó de la audiencia por las tomas en Guernica
Preocupación por el inminente desalojo de 2.500 familias y la no presentación de un plan de contingencia.
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Se
llevó a cabo la audiencia programada por el Juez de Garantías, Martín Miguel
Rizzo, con motivo de que se ponga en conocimiento el
plan de contingencia solicitado al Poder Ejecutivo. En representación de la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó María José Cano, Directora
del Departamento de Derechos de los pueblos e integrante del Foro por la Niñez, CTA-Autónoma. Durante la audiencia, el subsecretario de política criminal
del Ministerio de Justicia, Lisandro Pelegrini, dio detalles del Plan de
Contingencia, que surge de la conformación de un dispositivo interministerial,
compuesto por representantes de la Subsecretaría de Hábitat, el Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, y no
hubo representantes del organismo de niñez. Dicho plan, que consta de dos etapas, tuvo como primera
instancia el censo y la segunda la presentación
al Juzgado, de alternativas de solución para viabilizar un desalojo
pacífico. El desalojo de las 2500 familias, está previsto para el 23
de septiembre y desde ATE manifestaron suma preocupación ya que durante la
audiencia no llegaron a presentarse los datos relevados que se recolectaron del
censo realizado entre el viernes por la noche y el todo el sábado. Según
informaron, esto se debe a que en muchos casos la recolección fue de manera
manual y aún no se terminaron de cargar. “Al no tener los datos, no se pudo presentar la segunda fase
del plan de contingencia, el cual debe ser preciso, en función de pocos
recursos, con lo cual las alternativas a presentar deben dar respuestas
concretas sobre las poblaciones más vulnerabilizadas: mujeres, trans,
travestis, niños, niñas y jóvenes. Según señalaron, hay 2200 ´hechos físicos´,
que son las construcciones- casillas, carpas- que tomaron a través de una foto
aérea”, señaló María José Cano. La preocupación, radica en que la fecha de desalojo es muy
próxima y no hay indicios de que se de manera pacífica, como así tampoco
respuestas concretas de dónde serán reubicadas las familias que hasta hoy se
encuentran viviendo en el predio. “Nuestra solicitud, entre otras cosas, tuvo que ver con el
pedido de intervención del organismo provincial de niñez pero no se llegó a
presentar aún una respuesta concreta en el marco de la protección especial de
la que niños, niñas y adolescentes son titulares. Hay un sistema de protección
y promoción que no estaría en condiciones de poder dar respuesta inmediata.
Pudimos plantear que se revise la medida cautelar respecto del lanzamiento del
desalojo, para dar lugar a que se plasme el plan de contingencia que es lo que
solicitamos las organizaciones y organismos que participamos de la audiencia”,
resaltó Cano. Algunos datos o aproximaciones relevantes que se plantearon
en la audiencia La Defensoría del Pueblo, pidió también que se modifiquen
las fechas ya que entendían que no era el ámbito penal desde donde dirimir la
situación que se estaba atravesando y resaltaron que “la política pública tiene
que ser la que gane la batalla”. Estuvieron presentes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) además de funcionarixs judiciales que intervienen en la causa, entre otrxs. Por lo pronto, las familias convocan a una conferencia de
prensa mañana a las 12 frente al Obelisco y el miércoles desde las 8:30
comenzarán medidas de lucha en solidaridad con la toma. "Sabemos que son múltiples las acciones que se están proponiendo y llevando a adelante para evitar el desalojo no sólo por parte de las familias sino también de organizaciones y organismos. Desde ATE y el Foro por la Niñez, rechazamos toda acción o planteo que criminalice a las familias y continuaremos dando batalla para que se asegure el derecho a una vivienda digna", sentenció Cano.
Foto: Juan Ignacio Roncoroni
Prensa ATE Nacional