Teletrabajo: Preocupan en ATE algunos aspectos del decreto reglamentario

El Gobierno nacional reglamentó a través del decreto 27/2021 la ley de Teletrabajo, enfocada principalmente en el sector privado pero que alcanza también a los organismos del Estado regidos bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Frente a esto, el secretario general adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó la “preocupación en el gremio por algunos aspectos” de la norma, y esgrimió que “el gobierno debe abstenerse de aplicar taxativamente su texto hasta que exista debate y acuerdo en paritarias".

Algunas de las entidades públicas alcanzadas por la ley 27.555 de teletrabajo son aquellas que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), siendo estas las sociedades del Estado (Casa de la Moneda, Lotería, Ceamse), organismos de control (Enre, Enargas, Cnrt, Srt, Cnea), y administraciones como Anses, Pami, o Acumar, entre otros.

"El derecho a desconexión era sagrado y ahora aparecen algunas limitaciones que seguramente surgieron del lobby que ejercieron las grandes empresas", esgrimió el secretario adjunto en referencia al artículo 5 de la ley, el cual admite dos casos en los que se puede remitir la comunicación fuera de horario laboral: cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva.

Uno de los puntos más controversiales es el de la reversibilidad, ya que en un primer momento se estipuló que un trabajador podía volver a la presencialidad con sólo pedirlo, pero ahora "el decreto modifica la posibilidad de revertir el consentimiento y directamente prohíbe retomar o iniciar por primera vez tareas presenciales en algunos supuestos", explicó Aguiar. Por un lado, la posibilidad de solicitar la vuelta a la presencialidad se ajustará a los deberes impuestos en los artículos 9º y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de ahí, y si el motivo presentado por el trabajador es aceptado, se dará un plazo de no más de 30 días al empleador para acondicionar su lugar de trabajo.

Finalmente, "el carácter no remunerativo ni contributivo de la provisión de elementos, como así también del reintegro o compensación de gastos, genera dudas y hasta puede resultar ilegal", indicó el referente nacional. En este aspecto, el artículo 9 dictamina que las partes podrán acordar las pautas para la determinación de estas provisiones.

Prensa ATE